El pasado 28 de enero entró en vigor el Real Decreto-ley 1/2012, de 27 de enero, por el que se procede a la suspensión de los procedimientos de pre asignación de retribución y a la supresión de los incentivos económicos para nuevas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de cogeneración, fuentes de energía renovables y residuos, sin tener efecto retroactivo. El citado Real Decreto-Ley, justifica la suspensión, temporal, de estos incentivos desde un punto de vista técnico (las energías renovables han superado con creces en 2010 los objetivos potenciales instalados previstos en el Plan de Energías Renovable 2005-2010 para la energía eólica, solar termoeléctrica y solar fotovoltaica, y hay margen para cumplir los objetivos de 2020) como desde un punto de vista económico (reducir el desequilibrio entre los costes de producción y el valor de las primas, disminuyendo el gasto público y el déficit tarifario). El déficit tarifario (la diferencia entre los ingresos procedentes de los peajes de acceso a las redes de transporte y distribución energía eléctrica y los cotes de las actividades reguladas del sector eléctrico que deben cubrir) no debía existir a partir del 2013, según el Real Decreto-ley 6/2009.
Textualmente, el Real Decreto-ley indica “la capacidad de generación instalada en este momento es suficiente para asegurar la cobertura de la demanda prevista para los próximos años.”
En el contexto actual, sin duda, el citado Real Decreto-ley supondrá una dura estocada en la implantación de las energías renovables, sector que en vez de ser frenado, se debería impulsar por los puestos de trabajo que puede generar y como sector puntero en investigación y desarrollo, además de su importancia como vía para combatir el cambio climático.
